Parece que al gobierno se le ha indigestado la paella dominical. Tras ver que la Puerta del Sol se estaba convirtiendo en un festival de cámping de indignados, con más tiendas de campaña que en un concierto de verano, han decidido sacar del sombrero un par de trucos de magia para que la gente deje de gritar que su piso es más pequeño que la despensa de Arguiñano.
El detonante de este fiestón de protesta fue el desalojo de una abuela de 87 años, que básicamente le dijeron «a la calle» después de vivir siete décadas en el mismo piso. Resulta que un fondo de inversión, de esos que tienen más corazón que un Terminator, compró el edificio y decidió que la señora Maricarmen ya había disfrutado suficiente de las vistas. ¡Tocarle la pensión a una abuela es el movimiento más arriesgado en España desde que a alguien se le ocurrió ponerle piña a la pizza!
Ante el drama, que ya tenía más repercusión que el último cotilleo de «Sálvame», el presidente Pedro Sánchez y su equipo se pusieron la capa de superhéroes de última hora. Anunciaron con fanfarria que se acabaron los desalojos para gente vulnerable hasta 2030, como si hubieran encontrado la cura para la calvicie. También prometieron renovaciones automáticas de contratos, básicamente diciéndole a tu casero: «Te aguantas, que tu inquilino se queda».
Pero aquí viene la letra pequeña, el giro de guion que ni en una serie de Netflix. Todo este planazo depende de que los políticos en el Congreso se pongan de acuerdo, un evento más raro que ver a un gato planchando. Con un Parlamento más dividido que una cena familiar en Navidad, la aprobación de estos decretos es como intentar montar un mueble de IKEA sin instrucciones y con los ojos vendados. La ministra de Vivienda, con la mejor de sus sonrisas, ha pedido a todos que se den la manita y formen una «mayoría social», que en lenguaje político significa «por favor, no nos fastidien el único plan que se nos ha ocurrido».
Mientras tanto, los campistas de Sol siguen preparando las pancartas y el termo de café, porque saben que esto va para largo. Las autoridades locales les han dado 48 horas para recoger los bártulos, pero a este paso van a acabar pidiendo el empadronamiento en el kilómetro cero. La guerra contra los «fondos buitre», que suenan a villano de película de serie B, y la regulación de los alquileres turísticos, que han convertido los barrios en parques temáticos para guiris, está a punto de vivir su episodio más emocionante. Hagan sus apuestas, señores.
