El exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel continuará enfrentando el proceso penal iniciado en su contra por la Fiscalía General de la República (FGR), pese a abandonar el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano. Una autoridad judicial autorizó que la medida cautelar de prisión preventiva sea cumplida en su domicilio.
La modificación fue concedida por razones humanitarias después de que la defensa del exmandatario presentó argumentos relacionados con su edad y estado de salud. Ruffo Appel, de 74 años, fue trasladado bajo custodia de la Guardia Nacional a su domicilio en Ensenada, Baja California, donde permanecerá mientras continúa el procedimiento judicial.
De acuerdo con la FGR, el cambio no modifica las acusaciones ni el desarrollo del proceso penal. Ruffo enfrenta señalamientos por presunta delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos. Entre las medidas establecidas por el juez se encuentran vigilancia permanente de la Guardia Nacional, prohibición de abandonar el país, retiro de pasaporte y visa, así como restricciones para acercarse a testigos o personas relacionadas con la investigación.
El caso forma parte de una investigación más amplia sobre una presunta red de contrabando de combustible por vía ferroviaria, denominada por las autoridades como “huachicol fiscal”. En cateos realizados como parte de las indagatorias, la fiscalía reportó el aseguramiento de documentos vinculados con operaciones de comercio exterior, pedimentos de importación, contratos y actas de asamblea.
Ruffo Appel fue detenido en Ensenada y posteriormente trasladado a El Altiplano. La FGR ha señalado que él y otras personas están relacionadas con la investigación. El exgobernador continuará sujeto al proceso judicial, por lo que el cambio de la medida cautelar no implica una resolución sobre su responsabilidad en los delitos que le atribuye la fiscalía.
